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Lunes, 17 Octubre 2022

 

Actores clave del Estado, la cooperación al desarrollo y la sociedad civil en Perú comparten análisis sobrelos mecanismos participativos para erradicar la violencia contra mujeres y niñas a nivel regional y municipal.

El 58,9 % de la población de Perú tolera o justifica la violencia contra las mujeres y niñas como forma de “disciplina” o castigo social. 

El pasado 27 de septiembre el Grupo de Trabajo de la Cooperación Española para la Igualdad en Perú, que agrupa a más de 40 actores estatales y no estatales, se reunió de manera virtual para compartir diversas experiencias de trabajo en el fortalecimiento de las Instancias de Concertación (II.CC.). Estos instrumentos son clave para el monitoreo del sistema de políticas públicas que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de una manera coordinada entre sectores y niveles territoriales del Estado.

Aunque Perú cuenta con instrumentos jurídicos como leyes y políticas públicas solventes para enfrentar la violencia, esta sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más extendidas. Las dramáticas cifras muestran la brecha existente entre el reconocimiento del derecho a vivir una vida libre de violencia, y las dificultades que las mujeres encuentran en su día a día para hacer este derecho efectivo. 

En pandemia se dispararon las llamadas a la línea 100 solicitando apoyo para hacer frente a las situaciones de violencia generadas por el confinamiento obligatorio. Un ejemplo de lo normalizada que está la violencia es que 9 de cada 10 mujeres dicen haber sufrido acoso sexual en espacios públicos de Lima y Callao, y el 58,9 % de la población de Perú tolera o justifica la violencia contra las mujeres y niñas como forma de “disciplina” o castigo social. 

Para la Cooperación Española (CE), el trabajo para erradicar la violencia contra las mujeres constituye un objetivo prioritario en Perú. Los proyectos buscan abordar las problemáticas que viven la diversidad de mujeres rurales y urbano-populares en situaciones de pobreza o pobreza extrema en la costa, sierra y selva del país. Tan solo entre 2019 y 2021, España ha financiado 60 proyectos alineados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (ODS5) de igualdad de género y empoderamiento de la mujer, priorizando las líneas de trabajo enfocadas en hacer frente a la violencia de género.

Gran parte de estos proyectos se han centrado en fortalecer las II.CC. que, con presencia a nivel regional, provincial y distrital, buscan promover un trabajo articulado y complementario entre instituciones como las autoridades regionales, la policía, el Ministerio Público y organizaciones sociales. Actores que, lamentablemente, no siempre trabajan de la mano, generando largos y desgastantes procesos para las mujeres que deciden denunciar los hechos de maltratado vividos.

En zonas rurales o lugares donde la institucionalidad estatal es débil, estas instancias son prácticamente el único espacio que organizaciones de mujeres de base tienen para poder incidir hacia autoridades locales. “Desde que el Estado peruano reconociera su necesidad de conformación hemos visto cómo su número ha ido creciendo, aunque todavía enfrenta un gran reto en el desarrollo distrital, donde aún es incipiente”, según explican desde la Defensoría del Pueblo.

Invertir en los movimientos de mujeres

Pero ¿pueden realmente estos espacios contribuir a generar mejores sistemas de prevención, atención y protección para mujeres y niñas en los territorios? La lectura de las organizaciones e instituciones participantes es el evento es dispar. Como dice Dina Portal, de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, “las II.CC. son piezas clave del engranaje en el diálogo con el Estado, la rendición de cuentas y la detección de nudos en el funcionamiento de servicios que permitan su mejora”. La lectura de organizaciones de la sociedad civil es que las II.CC. se han perdido en el cumplimiento de formalismos. “Las instancias sesionan, tienen reglamento y en el mejor de los casos un plan de trabajo, pero ¿cuáles son las acciones concretas realizadas que revierten en la mejora de la vida de las mujeres?”, plantea Carmen de la Vega de Alternativa.

Paralelamente, gran parte de los esfuerzos de ONGD feministas y de desarrollo se han centrado en fortalecer redes de mujeres, conscientes de que allí donde la institucionalidad es débil la gente organizada es la mejor garantía para la protección y defensa de sus derechos de poblaciones vulnerables.

Categoría: Género
Miércoles, 07 Julio 2021


Lima, 7 de julio de 2021.- Acortar las brechas de género en participación política y la toma de decisiones públicas de la mujer son elementales para alcanzar el desarrollo humano “sin dejar a nadie atrás”. Tal como expresa la Agenda 2030 que enmarca el sentido del trabajo de la Cooperación Española para erradicar la pobreza y construir un mundo más justo e igualitario.

En Perú, hace solo 65 años la mujer tuvo la oportunidad de ejercer por primera vez su derecho al voto. Hoy, gracias a la Ley para Garantizar la Paridad y Alternancia de Género en las Listas de Candidatos, el Congreso de la República 2021 - 2026 iniciará funciones el 28 de julio próximo con la más alta representación femenina de su historia. 49 de los 130 escaños serán ocupados por mujeres.

Son las parlamentarias del bicentenario que tendrán la difícil tarea de representar, legislar y fiscalizar, en un contexto en el que el 52% de las candidatas manifestaron haber tenido que enfrentar alguna situación de acoso político, el año pasado.

Frente a ese reto, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se unen para impulsar la formación y un mejor ejercicio congresal de las 49 mujeres electas. Así, el programa formativo El poder de nuestra representación: curso para parlamentarias del bicentenario, ha sido diseñado especialmente para ellas.

Cabe señalar que el Congreso peruano 2021 – 2026 tendrá un rostro remozado, solo 8 parlamentarios han realizado funciones congresales en períodos anteriores; de ellos dos son mujeres: María Cordero Jon Tay (2011 – 2016) y Martha Moyano (2000 – 2001 y 2006 – 2011). No obstante, hay representantes mujeres que han ejercido otros cargos políticos con anterioridad, como Flor Pablo Medina, que fue ministra de Educación en el periodo 2019-2020 y Gladys Echaíz de Nuñez Izaga, que desempeñó el cargo de fiscal de la Nación en el periodo 2008-2011.

El curso El poder de nuestra representación busca que las mujeres cuenten con las herramientas necesarias para que el desempeño de sus funciones se dé en igualdad de condiciones, respecto a sus pares varones y que el país camine hacia una efectiva equidad de género en la política.

Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica e invitada especial, dejó un potente mensaje a las 49 parlamentarias del bicentenario, durante la inauguración:

“Llegan ustedes queridas amigas congresistas peruanas en un momento determinante en donde van a haber muchas expectativas en el liderazgo de ustedes y muchas mujeres preguntándose ¿habrá algún cambio en la política peruana ahora que tenemos representación femenina en el Congreso? Es un reto mayúsculo (…) El tema de los sesgos, de los prejuicios será un tema que será fundamental saber manejar, enfrentar en lo que viene y ahí mi consejo es que no lo tomen a título personal. No permitan nunca que los prejuicios las distraigan de lo que van a ser sus metas fundamentales, ustedes tienen que fijarse esas metas que ojalá sean que impacten en el bienestar de las mujeres del Perú.

Nunca dejen de creer en ustedes mismas. Cómo nos cuesta a las mujeres despojarnos de los prejuicios que han sembrado en nuestro propio interior. Esa vocecita interna que nos dice no tienes las condiciones, no vas a hacerlo bien en esa comisión, no vale la pena que pidas la palabra para discutir en esto, no. Atrévanse a dar ese paso, atrévanse a levantar la cabeza, atrévanse a encabezar iniciativas, nunca den el paso hacia atrás, siempre el paso hacia adelante y para eso es fundamental que crean en ustedes. La política en el fondo se trata del ejercicio del liderazgo y un líder que no crea en sí mismo, no va a poder nunca conseguir que otros crean en ella o en él. Por eso es que esa apuesta en el Congreso va a ser un ejercicio permanente para que ustedes se empoderen y puedan proyectar ese poder y esa energía en otros. Finalmente, las conmino para que también ustedes piensen en la importancia de actuar colectivamente y unir fuerzas al interior del Congreso”, señaló Chinchilla, expresidenta de Costa Rica.

Las sesiones, del 30 de junio al 7 de julio, contaron con la participación de especialistas nacionales e internacionales, quienes abordaron temas legislativos, políticas públicas y procedimientos parlamentarios desde una perspectiva de género y de derechos humanos.

Categoría: Género
Viernes, 26 Marzo 2021

Lima, 29 de marzo del 2021.- El confinamiento en los hogares durante la pandemia por el coronavirus ha provocado un incremento de situaciones que afectan gravemente a las mujeres, niñas y adolescentes como la violencia basada en género. Antes del inicio de la crisis por la covid-19, el 57.7 % de ellas había sufrido algún tipo de violencia, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes 2019); y con la inmovilización social la desprotección de este grupo de población se ha agravado: solo entre mediados de marzo y finales de junio del año pasado, la Línea 100 recibió más de 63 000 llamadas de auxilio, y 2020 se cerró en el país con 131 feminicidios.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) actúa desde el Programa de Género a través de convenios bilaterales y proyectos que involucran a diversos sectores del Estado, organizaciones sin fines de lucro y la sociedad civil. El objetivo es actuar desde todos los frentes posibles para frenar y prevenir la violencia basada en género.

Una experiencia valiosa es el Programa Conjunto ONU Servicios Esenciales, ejecutado entre 2017 y 2019 por las Naciones Unidas con el apoyo del Gobierno del País Vasco y la Cooperación Española. Al cierre, esta iniciativa se ha convertido en una tribuna digital y un espacio de referencia en la lucha contra la violencia basada en género.

El     sitio web      https://pcserviciosesenciales.pe/[1]  concentra una serie de herramientas, recursos y materiales que posibilitan el diseño de estrategias y la implementación de intervenciones para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

Esta plataforma espera servir de apoyo a todos los actores comprometidos con la temática y promover un trabajo articulado y multisectorial en el que coincidan la academia, activistas, organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos, operadores de justicia y hacedores de políticas públicas, entre otros.

La violencia basada en género es un problema estructural de derechos humanos y de salud pública. Su prevalencia no solo afecta a mujeres de todas las edades, sino que impacta en la vida de sus hijas e hijos, sus familias, sus comunidades y representa una traba para el desarrollo sostenible del país y para una vida  libre de violencia.     

    

 

Categoría: Género
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